Chevron vs. Ecuador: ¿y ahora qué?

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York validó este lunes (8.08.2016) el dictamen de un tribunal menor que, en marzo de 2014, rechazó la multa de 9.500 millones de dólares impuesta a la petrolera por la Corte Suprema ecuatoriana en 2011.

“Chevron está satisfecho de que la verdad haya prevalecido sobre el fraude y la corrupción”, ha dicho el vicepresidente y consejero general de la empresa Hewitt Pate, tras conocer el fallo. Las cortes estadounidenses han dado la razón a la transnacional, que asegura que el abogado estadounidense Steven Donzinger usó “medios corruptos” para obtener la compensación dictada por la Justicia ecuatoriana, y que fueron los demandantes –no los jueces– quienes redactaron la sentencia ecuatoriana.

30 mil indígenas y campesinos ecuatorianos buscan que Chevron, la cuarta mayor petrolera del mundo, se responsabilice por la contaminación que la empresa Texaco –adquirida por Chevron en 2001− causó en las inmediaciones del Lago Agrio entre 1964 y 1992: 235 mil millones de pies cúbicos de gas quemados al aire libre; más de 16,8 millones de galones de petróleo y 18,5 millones de galones de aguas tóxicas vertidos a los suelos, ríos, esteros y lagunas de la Amazonía ecuatoriana; 480 mil hectáreas contaminadas, resume en la web la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco (UDAPT).

¿Pruebas ignoradas?

Como Chevron ya no está presente en Ecuador, los pobladores de Lago Agrio han intentado cobrar la sentencia ecuatoriana en Estados Unidos. Pero la Corte de Nueva York ha quedado “en deuda con la justicia”, al no analizar “pruebas significativas” presentadas por los abogados ecuatorianos, asegura a DW Pablo Fajardo, distinguido en 2008 con el Premio Goldman (considerado el “Nobel” medioambiental), por su labor frente a esta batalla legal contra Chevron

Fajardo se refiere al testimonio, “que yo llamaría confesión del exjuez ecuatoriano, Alberto Guerra Bastidas, quien admitió en Estados Unidos que fue sobornado por Chevron” para declarar en favor de la transnacional. El abogado menciona asimismo “exámenes especiales de peritos informáticos norteamericanos pagados por Chevron, quienes revisaron el disco duro de las computadoras de los jueces ecuatorianos, y concluyeron que la sentencia fue redactada y digitada totalmente en la computadora del juez Nicolás Zambrano –el juez que dictó la sentencia en Ecuador–, como en derecho corresponde, de acuerdo a la ley ecuatoriana; que no hubo ningún tipo de fraude ni anomalía.”

Denuncias cruzadas de sobornos

Para Fajardo, el único hecho de soborno “probado”, hasta ahora, es el del exjuez Guerra Bastidas, “lo demás es puro cuento inventado por Chevron para tratar de quitarle legitimidad a la sentencia ecuatoriana.” Sin embargo, Chevron insiste en que los abogados de Lago Agrio sobornaron a los jueces ecuatorianos.

Según la UDAPT, la estrategia de Chevron en el proceso –iniciado en 1993− comenzó con argumentos, como que “el Petróleo es un producto inocuo que no causa efectos negativos en la salud de las personas; la empresa utilizó la mejor tecnología existente en esos años; en el período de operación de Texaco, no existían normas o leyes que protejan el ambiente en el país; la empresa actuó de acuerdo al marco jurídico existente en el Ecuador; el Estado liberó a Texaco de toda responsabilidad; Texaco remedió la parte que le correspondía; existía un consorcio, por lo tanto, los dos socios son responsables del daño causado”. Pero esa estrategia ha derivado en “ataques” al sistema judicial ecuatoriano y al equipo jurídico y técnico de los demandantes, insiste la UDAPT.

“Hay que recordar que fue la misma Chevron quien pidió venir a Ecuador. Aquí fue donde se litigó, donde se sacaron más de 80.000 muestra físico-químicas, donde se logra demostrar el daño que ellos provocaron acá. Y después regresan a su país a refugiarse”, dice a DW Donald Moncayo, uno de los dirigentes de la UDAPT. “Por eso es que tenemos la obligación ética y moral de seguir en esta lucha para poder demostrarle al mundo de qué están hechas y de qué son capaces estas personas con tal de quedar en la impunidad”, agrega.

“Si los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana son pueblos que no tienen recursos ni siquiera para comer con dignidad, con qué dinero van a sobornar a un juez”, pregunta Fajardo e insiste: “Si alguna persona duda de la existencia del crimen ambiental cometido por Chevron, le invitamos a que venga a la Amazonía ecuatoriana. Si la prueba científica, técnica del daño es tan real, tan contundente, más que suficiente para ganar el juicio, ¿para qué vamos a querer sobornar a un juez?”

El rol de Donzinger, Canadá, Brasil o Argentina

Además, Steven Donzinger representó a los demandantes ecuatorianos desde el año 1993 hasta el año 2002, mientras el caso se llevó en Estados Unidos, aclara Fajardo: “Cuando el caso vino al Ecuador (a petición de Chevron), él siguió siendo parte de un equipo que hacía gestión de relaciones públicas, gestión de recursos económicos”, pero dejó de representar a los demandantes porque “en Ecuador no puede litigar un abogado norteamericano”.

“Creen que con ese fallo nos doblegan, pero nos indignan más, nos obligan a trabajar más fuerte”, asegura Moncayo. El ecuatoriano considera que Chevron ha salido “premiado” por jueces que “desconocen la realidad de lo que pasa acá, cómo sufre la gente por enfermedades, después de haber perdido a nuestros familiares, nuestros animales, la vida acuática, todo”.

En cualquier caso, la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York no impide “ejecutar nuestra sentencia en otros países", subraya el abogado Fajardo y agrega: “Únicamente hoy no podemos hacerlo en Estados Unidos pero sí podemos hacerlo en distintas cortes extranjeras como en Canadá, Brasil, Argentina (donde está presente Chevron) o en otro país que creamos conveniente en lo posterior.”