Consulta sobre Yasuní: ¿una garantía para la conservación?
20 de octubre de 2017
En 2007, el gobierno de Ecuador propuso a la comunidad internacional dejar de explotar el petróleo en el Parque Nacional Yasuní, para evitar la emisión de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO₂), uno de los gases responsables del calentamiento global. A cambio, el Estado ecuatoriano recibiría al menos el 50% de los recursos que percibiría en caso de explotar la reserva de petróleo (US$3.600 millones). Pero dicha propuesta no tuvo el éxito esperado.
Ahora, el presidente de la República, Lenín Moreno, propone una consulta popular y formula la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?”.
La pregunta de la consulta es en esencia ambigua, señala Ricardo Crespo Plaza, abogado de Derecho Ambiental, porque se limita a consultar sobre la extensión de la zona intangible y el área autorizada de explotación petrolera,. A su juicio, se debría dejar de lado el concepto de interés nacional del artículo 407 de la Constitución de la República, que permite la actividad petrolera en áreas protegidas, y hacer prevalecer el concepto de “interés público” para conservar la biodiversidad según lo establecen los artículos 14 y 400 de la Constitución.
Según Crespo, la pregunta debió haberse formulado así: ¿Acepta usted mantener el petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní? Hace notar que “la legislación del Ecuador se contradice no solo con los objetivos de la áreas protegidas, sino también con los tratados internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica del cual el Ecuador es parte”.
“El tema de fondo en cuanto a la actividad petrolera en el Parque Nacional Yasuní es la contradicción entre los objetivos de las áreas naturales protegidas y una actividad de alto riesgo ambiental como es la petrolera. En el artículo 38 del Código Orgánico del Ambiente que entrará en vigencia a partir del 12 de abril del 2018, ningún objetivo es compatible con la actividad petrolera”, afirma.
Los tagaeri y taromenane a la deriva
A todo ello se une, dice Crespo, “el riesgo de afectación a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, los Tagaeri y Taromenane, debido a la actividad petrolera, puesto que cualquier impacto ambiental, ya sea derrames o el mismo ruido de las operaciones, afecta a la zona intangible y a esos pueblos que son nómadas y que se movilizan más allá de la zona intangible”.
Mediante el Decreto Ejecutivo Nº 552, en 1999 se declaró “Zona Intangible” de conservación, vedada a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva, a una extensión de aproximadamente 700.000 hectáreas que comprenden parte del Parque Nacional Yasuní, donde viven los pueblos en aislamiento voluntario ya citados.
La Zona Intangible no puede ser afectada en ningún caso dice Crespo, porque es una figura legal clave para la protección de los pueblos no contactados. No obstante, la declarada “intangibilidad”, pasó en el mandato del presidente Rafael Correa a estar condicionada a que se le compense al Estado ecuatoriano por el ingreso no percibido al no explotar los recursos petroleros. Como dicha compensación no se llevó a cabo, se procedió a la explotación petrolera de los bloques 31 y 43 que se encuentran dentro del Parque Nacional Yasuní (PNY), por pedido del expresidente Correa.
La deforestación contribuye al calentamiento global y es particularmente significativa en Ecuador, que posee una de las tasas más altas de tala de árboles en América Latina. Evitarla es un objetivo clave para la mitigación del cambio climático. Tanto la Convención sobre Cambio Climático, como el Protocolo de Kioto reconocen la importancia de la conservación de los sumideros y depósitos de carbono y particularmente de los bosques.
La consulta popular propuesta por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en torno al destino del Parque Nacional Yasuní, promete cierta claridad, pero también genera incertidumbre, tras cinco meses de dudas sobre las verdaderas intenciones del régimen y sus limitaciones.