Desfalcos en México: años de denuncias sin consecuencias
6 de septiembre de 2017
El 2 de junio de 2014, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), de México, suscribió un acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social de México (Sedesol), a fin de llevar a cabo un proyecto encaminado a fortalecer la operación del llamado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). La universidad realizaría acciones de planeación, seguimiento y evaluación de dicho fondo, a través de asesoramiento técnico, verificación y seguimiento de obras, y supervisión de obra pública. El convenio implicó un monto de 324 millones 632 mil 800 pesos mexicanos.
Documentos consultados por DW indican que la UEAM no asumió dichas tareas, sino que hizo dos licitaciones públicas y subcontrató a dos proveedores externos. La práctica es permitida por la ley mexicana de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siempre y cuando la universidad pública asuma el 51 por ciento del servicio a prestar. Pero la realidad fue otra. La Auditoría Superior de la Federación encontró que funcionarios de la UAEM subcontrataron el cien por ciento de la prestación del servicio.
La ruta del dinero
No acabaron ahí las irregularidades. El 15 de diciembre de 2014, la UAEM depositó 146 millones 404 mil 600 pesos a la empresa Factibilidad Empresarial de México, S.A. de C.V., ganadora de la segunda licitación. El 16 y 17 de diciembre, la firma transfirió 138 millones de pesos a otra cuenta a su nombre, y luego dicha cantidad, en dos partes iguales, a una cuenta de otra empresa no contemplada en la licitación: Esger, Servicos y Construcciones, S.A. de C.V. Los millones siguieron circulando. El 19 de diciembre de 2014, Esger hizo depósitos por 76 millones 410 mil 500 pesos a otras empresas que tampoco estaban acreditadas en esta licitación. Prácticamente lo mismo, paso por paso, sucedió con la primera.
¿Dónde fue a parar finalmente el dinero? Nadie lo sabe. La ASF, en dictamen producto de laauditoría forense 209 de ese año, acredita que las autoridades de la UAEM "contrataron y pagaron servicios de los cuales no se tiene evidencia de la realización por parte de los proveedores.” Solo queda claro que la universidad no pagó a las empresas el total licitado de 324 millones 632 800 pesos, sino solo 305 millones 115 mil 300 pesos; es decir, se quedó con cerca de veinte millones de pesos.
Un esquema recurrente
Este es uno de los muchos casos con esquema similar que la ASF viene denunciando desde hace años, en ocasiones con carácter urgente. En 2013, la dependencia criticó que, "en múltiples casos, ha sido evidente que las instituciones contratistas fungen como meros comisionistas”. En su Informe General de la Cuenta Pública indicó que "se hace indispensable que la Administración Pública Federal tome las medidas necesarias para erradicar estas prácticas viciadas.”
Además, subrayó que los fines esenciales de las universidades públicas "son la investigación y la enseñanza, y no así la prestación de servicios, ya sea de adquisiciones, obras públicas, asesorías, o hasta de contratación de mano de obra para terceros.”
Al año siguiente, la ASF hizo hincapié en que se seguían presentando "subcontratación al cien por ciento, sobreprecios, y pruebas insuficientes de la realización de trabajos contratados.” En 2015, la ASF fue más lejos al señalar que este tipo de prácticas "sigue siendo tolerada por las autoridades” en México.
Un escándalo abierto
En febrero pasado, medios como el periódico Excélsior documentaron más de estos casos, por un total de 831 millones 141 mil 905 pesos. En algunos de ellos volvieron a aparecer como protagonistas la Sedesol y su programa FAIS. Hace unos días, el medio independiente Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad profundizaron aún más en las irregularidades denunciadas por la ASF: en el reportaje llamado "La Estafa Maestra” revisaron 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 y estimaron irregularidades por más de 7.670 millones de pesos.
Encontraron que el esquema no se limita a Sedesol, sino a otras instancias como Petróleos Mexicanos. Además, denunciaron que 186 de las 128 empresas seleccionadas para los convenios son "observadas” o de plano no existen.
En una primera reacción, la Secretaría de la Función Pública señaló que "realizó las revisiones administrativas necesarias e inició procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de 10 servidores públicos, en tres dependencias federales señaladas en el reportaje.” En cuanto a las ocho universidades implicadas, "corresponde a sus propios órganos internos de control auditar, investigar y, en su caso, sancionar”, afirmó la SFP.
Desde Alemania, DW solicitó su punto de vista a la Universidad Autónoma de Morelos, a la Universidad Autónoma del Estado de México, al Instituto Técnico Superior de Comalcalco y a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, todas mencionadas en el reportaje de Animal Político. Al cierre de la edición, ninguna había respondido a la solicitud.