La prueba de fuego
19 de junio de 2003
La política de asilo e inmigración es uno de los más arduos terrenos para la Unión Europea. La colaboración acordada en el tratado de Amsterdam, cuatro años atrás, avanza muy trabajosamente. La definición de criterios y cuotas para los inmigrantes resulta a los países miembro tan difícil como la instalación de patrullas fronterizas comunes.
Cambio radical necesario
La organización por los derechos humanos amnistía internacional (ai) exigió ahora un cambio fundamental en la política de asilo europea. Durante la cumbre en Tesalónica los jefes de estado de la Unión Europea deberán marcar un nuevo rumbo, exigió Dick Oosting, director de la central de ai en Bruselas. El nuevo enfoque deberá caracterizarse por el desarrollo de estrategias que protejan a los afectados. Hasta el momento la política europea se orienta sólo en los intereses de la UE y sus estados miembro, recriminó Oosting.
En 1999 la regulación de la política de inmigración y asilo dejó de ser competencia de estados individuales, para pasar a ser definida por la UE. Sin embargo, las prescripciones jurídicas comunes deben ser aprobadas por unanimidad, lo cual resulta difícil al tratarse de un tema muy vinculado a la soberanía nacional. Alemania, por ejemplo, ha bloqueado varias resoluciones, como en el caso del acceso de refugiados al mercado laboral.
¿Soluciones?
Actualmente la Unión Europea intenta reaccionar a la problemático de asilo con medidas de corto plazo. Lo que falta es una perspectiva a largo plazo y de gran alcance. Durante la cumbre los jefes de estado destacarán la importancia que tienen los temas migratorios para las relaciones con los estados fuera de la UE. Es así que la comisión europea lanzará un programa de ayuda de 250 millones de euros por un lapso de cinco años. Este dinero será girado a aquellos países que se comprometan a la reinserción de emigrantes sin papeles, como Marruecos.
Contradiciendo la Convención de Ginebra
Pero muchas de las resoluciones se toman sin considerar los estándares internacionales de derechos humanos y de refugiados. Tal es el caso de Gran Bretaña, que presentará un proyecto muy radical en Tesalónica. Este prevé la instalación de ‘zonas regionales de protección’, ubicadas en las cercanías de los países de origen de los refugiados, así como ‘campamentos de tránsito’ en las fronteras exteriores de la UE.
Amnistía internacional instó a los jefes de estado y gobiernos europeos a detener la propuesta británica: "Estos campamentos de tránsito además de violar la Convención de Refugiados de Ginebra, están en contradicción con muchos otros acuerdos internacionales", acusó ai.
Amnistía internacional publicó además un estudio de 40 páginas sobre propuestas de la UE, que permiten decidir sobre la deportación de refugiados a terceros países, antes de que las personas en cuestión hayan siquiera ingresado a la Unión Europea.