México: caso Heckler & Koch
3 de abril de 2019
El fabricante Heckler & Koch fue condenado por el Tribunal Regional de Stuttgart a pagar una multa de 3,7 millones de euros a fines de febrero. Dos exempleados fueron condenados a penas de libertad condicional. Otros tres acusados fueron absueltos por falta de pruebas.
La sentencia tuvo lugar después de casi una década de investigaciones y gracias a la lucha sin tregua de la sociedad civil en busca de justicia, en particular del activista anti-armamentista alemán Jürgen Grässlin, que interpuso la demanda contra el fabricante en 2010. El representante en México de Heckler & Koch, uno de los principales acusados, sigue prófugo de la Justicia y es buscado con una orden de aprehensión. El caso puso al descubierto un negocio sin escrúpulos del fabricante con autoridades corruptas en un país en donde hay graves deficiencias en el Estado de Derecho.
Un debate convocado por la agencia evangélica de cooperación Pan para el Mundo, (Brot für die Welt), el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, la Conferencia Conjunta Iglesia y Desarrollo y la Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México, reunió en Berlín a abogados, miembros del Parlamento alemán, expertos en control de armamento y miembros de la sociedad civil mexicana y alemana.
La sentencia no es aún firme
"Sabemos que todos los involucrados quieren apelar a la siguiente instancia para defenderse del actual veredicto, eso significa que el proceso continuará ”, afirma en conversación con DW el abogado Christian Schlieman, asesor legal del Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR), organización que acompaña en Alemania la defensa de las víctimas de Ayotzinapa.
Schliemann destaca que el caso ha sacado a la luz los distintos procesos para obtener un permiso de exportación de armas y ha suscitado cuestionamientos jurídicos sobre ellos. "Este debate no había tenido lugar antes en Alemania, y es un desafío para el actual sistema de control de armamento".
Expertos cercanos al caso consideran que algunas de estas armas fueron usadas en 2014 en el asesinato de seis estudiantes mexicanos y posteriormente en el asesinato de 43 estudiantes del magisterio de la escuela Isidro Bustos, en Ayotzinapa, Guerrero.
Engaños reiterados a las autoridades
El veredicto sostiene que los acusados, ex empleados del fabricante, engañaron reiteradamente a las autoridades alemanas en su declaración sobre el destino final de los suministros. Los permisos condicionaban al fabricante a que las armas no fueran destinadas a cuatro estados en donde se tenían reportes sobre violaciones a los Derechos Humanos por parte de la policía y el Ejército: Guerrero, Chihuahua, Chiapas y Jalisco:
La multa de 3,7 millones de euros, es equivalente a los beneficios que obtuvo Heckler & Koch por la venta de más de 4.680 rifles de asalto G36 a México entre 2006 y 2009, que habrían tenido como destino final dichos estados.
Justicia alemana: señal de esperanza para las víctimas
"Para México la sentencia contra Heckler & Koch es una señal de esperanza porque estamos acostumbrados a que los casos permanezcan impunes”, dijo Santiago Aguirre, director del Centro ProDH, y miembro de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para Ayotzinapa, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en enero pasado para esclarecer el paradero de los estudiantes.
El abogado espera un veredicto final para sondear la posibilidad de enjuiciar a miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que se beneficiaron del reparto de fusiles. "Heckler & Koch daba dinero a los generales para que miraran a otro lado. Las armas llegaron a manos de policías corruptos y a un Estado que es indolente con las víctimas”, dijo el abogado.
Santiago Aguirre explicó ante un público alemán la versión oficial del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que insistió hasta el final de su sexenio (2012-2018) en que los estudiantes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, e incineró sus cuerpos en un basurero. "Sabemos que en el crimen de Iguala participó la policía municipal de Iguala, de Cocula y de Huitzuco, policías estatales y federales y elementos del Ejército que fueron cómplices, y actuaron en colusión con el crimen organizado”, dice.
Caso Aldo Gutiérrez, sobreviviente del ataque
Santiago Aguirre habló del caso Aldo Gutiérrez, estudiante de Ayotzinapa que aunque sobrevivió el ataque aquella fatídica noche, se encuentra en estado vegetativo después de recibir un impacto de bala en la cabeza. Sus familiares acudieron al proceso contra Heckler & Koch en febrero, pero su caso no fue admitido por el Tribunal como demanda civil.
"Nuestro sistema de control de armamento no funciona, lo que revela claramente este caso en donde el país receptor y el fabricante acordaron la manera de llenar los papeles”, destacó Max Mutschler, experto en control de armamento de la agencia ecuménica evangélica católica para la política de desarrollo (GKKE, según sus siglas en alemán).
El experto propuso la creación de un sistema de control que verifique el destino final de los suministros, pero destacó que es necesaria una infraestructura. "No se puede enviar a un diplomático que llega a una localidad rural para comprobar que no hay armas”. En la discusión se cuestionó de qué ministerio dependería un centro de control de ese tipo, y si sería competencia del Ministerio de Economía, responsable de otorgar los permisos de exportación.
Endurecer los controles de exportación
Por su parte Karl-Heinz Brunner, diputado socialdemócrata miembro de la Comisión del Parlamento Alemán para el Desarme, el Control de Armamento y la No Proliferación de Armas, hizo un llamado a endurecer los controles. "Necesitamos una infraestructura, expertos que viajen a los países, que se controle a través de chips, o algo similar el destino final de las armas”.
El diputado exhortó a trabajar en los lineamientos legales para la exportación, en donde se establezca con claridad a quén se le puede vender armas, cuándo y cómo pueden realizarse controles tras los suministros. "Entonces podremos garantizar una mayor transparencia y seguridad”.
Autora: Eva Usi