Novias contra la violencia
27 de junio de 2002
La violencia doméstica se ha convertido, junto al terrorismo, en uno de los problemas que más ocupan la atención pública, con una profusión de campañas, manifestaciones callejeras y declaraciones en los medios de comunicación. Se estima que el número de mujeres maltratadas en España asciende a unas 600,000 al año.
La tortura y los malos tratos que sufren las mujeres está enraizada en una cultura que les niega la igualdad de derechos con los hombres y legitima la apropiación violenta de su cuerpo para la satisfacción individual. Algunos aducen la elevada cifra a un problema derivado de la herencia de la dictadura franquista, otros creen que la causa se encuentraen el machismo español.
La violencia doméstica, incluída la violencia sexual conyugal, suele considerarse todavía un asunto privado de la familia, no una cuestión de derechos civiles y políticos. Los perpetradores de la violencia contra las mujeres en el hogar y en la comunidad son particulares, pero eso no significa que el estado y las autoridades locales no tengan responsabilidaden esos actos.
La organización Amnistía Internacional, demanda que el Estado español tome medidas eficaces para prevenir los malos tratos contra las mujeres. El primer paso debe ser la investigación exhaustiva de denuncias de violencia, pero igualmente importante es procesar a los perpetradores judicialmente y garantizar que éstos reciban condenas apropiadas al delito. Las víctimas de estos crímenes y abusos deben recibir asesoría psicológica y compensaciones materiales.
La vergüenza pública como medio de presión
Desde mayo del 2001, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha –centro-sur del país- recurrió a la elaboración de un listado de maltratadores de mujeres, para exponerlos públicamente. La Ley de Prevención de Malos Tratos aprobada por el legislativo regional, establece que todos los años las autoridades elaboren un detallado informe sobre la lucha contra este problema, en el que se incluirán los nombres de los maltratadores que hayan sido condenados judicialmente.
Sin embargo en el primer informe publicado el pasado mes de mayo, que incluía 18 casos con sentencias condenatorias, catorce mujeres se opusieron a la divulgación de la identidad de quienes las agredieron. La mayoría de las sentencias fueron por lesiones, amenazas e insultos. El grueso de las condenas fueron multas económicas y órdenes de alejamiento, salvo en un caso, que incluyó una condena de prisión a un hombre que agredió a su mujer con una botella con la que le cortó los tendones de una muñeca y le dejó lacara marcada para siempre.
A pesar de las buenas intenciones de la medida, ésta no ha estado excenta de controversia. Expertos en derecho afirman que la iniciativa tiene tintes "medievales", porque no permite la rehabilitación de la persona que cometió el delito.
Grupos feministas afirman que si se publican en los periódicos las sentencias de etarras y delincuentes, porque no puede hacerse lo mismo con aquellos que agreden e incluso intentan matar a su pareja.
Como quiera que sea, muchas mujeres salieron a las calles a protestar vestidas de novias, porque la actitud machista del varón se vuelve violenta a partir de que se formaliza el lazo conyugal. Según estudios, las mujeres son agredidas por causas como: no obedecer al esposo, negarse a tener relaciones sexuales con él, no preparar las comidas a tiempo, cuestionarlo acerca del dinero o de otras mujeres. Situaciones todas que mas recuerdan al problema Talibán.