Opinión: presunto yihadista y el Estado de Derecho

La deportación del supuesto ex guardaespaldas de Osama Bin Laden, Sami A., abre un debate fundamental. No sólo sobre la política migratoria de Alemania, sino también sobre la cuestión de si el gobierno todavía se siente obligado a respetar el control judicial. En otras palabras, se trata de la separación de poderes y, por tanto, la fórmula básica del Estado de Derecho.

¿Derecho o el sentido de justicia?

El presunto yihadista Sami A. no solo fue deportado a Túnez contraviniendo una orden judicial. Herbert Reul, el Ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, incluso recomendó a los jueces que sus sentencias debían también "corresponder al sentido de la justicia del pueblo". Por supuesto, es difícil tolerar que Sami A. haya podido evitar la deportación durante años porque su país de origen no quería garantizar que no sería torturado. Pero el hecho de que un político se haya excedido e hiciera recomendaciones al poder judicial es igualmente intolerable en un Estado de Derecho.

Al ministro Federal del interior, Horst Seehofer, le hubiese gustado lograr un efecto mediático positivo con una deportación rápida. Podría haber demostrado su nueva mano dura en este destacado caso. Su portavoz confirmó que era "políticamente importante para él que la repatriación de Sami A. tuviera lugar sin demora".

Los políticos deben respetar el Estado de Derecho

Pero el precio de este éxito supuestamente rápido era demasiado alto. En este caso, Ricarda Brandts, la juez suprema del estado de Renania del Norte-Westfalia, considera que "se ponen a prueba los límites del Estado de Derecho". La asociación nacional de jueces y los abogados también teme por la separación de poderes. El caso muestra de manera impresionante la libertad que se quiere tomar el ministro Horst Seehofer para implementar su anunciada corrección de la política migratoria de Merkel.

"En un Estado de Derecho, tal cosa no debería ocurrir", critica el vicepresidente del partido liberal FDP y crítico de Seehofer, Wolfgang Kubicki. Los políticos que hacen "excepciones" a la ley actual deben, como todo ciudadano, enfrentarse al juicio de los tribunales. Estos son independientes de los políticos y del espíritu populista que impulsa cada vez más a muchos de ellos. El primer artículo de la Constitución alemana no dice que "la dignidad humana es en el fondo inviolable". Todos los ministros del Interior lo saben. Pero donde comienza la relativización y los ministros del Interior sólo se sienten en el fondo sometidos al poder judicial, entonces el asunto se vuelve peligroso para el Estado de Derecho.

Michaela Kuefner (GG/ER)

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