Un segundo tribunal en Bolivia rechaza enjuiciar a Áñez
10 de noviembre de 2023
Un tribunal nuevamente se declaró "incompetente" el jueves (09.09.2023) para juzgar en la vía ordinaria a la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020), por un segundo caso referido a la muerte de civiles durante la crisis política de 2019.
Áñez escribió en la red social X que fue "notificada" con una resolución del Tribunal de Sentencia de Sacaba, en Cochabamba, "que declara su incompetencia" para juzgarla y que le corresponde un juicio de responsabilidades como expresidenta de Bolivia.
La publicación está acompañada por fragmentos del documento judicial en el que el tribunal declara que juzgar a la expresidenta sería "una flagrante vulneración del debido proceso, legalidad y seguridad jurídica".
Asimismo, establece que la exmandataria interina "debe ser juzgada conforme el ordenamiento interno boliviano, mediante de un juicio de privilegio constitucional" y que esto "no admite apelación".
La resolución por el caso Sacaba se empareja a la que un otro tribunal emitió la semana pasada por el caso Senkata y que también se declaró "incompetente" para procesar a Áñez por la vía ordinaria.
A finales de octubre, el fiscal general, Juan Lanchipa, presentó la acusación formal ordinaria contra Áñez por las muertes en Sacaba (10), en Cochabamba, y Senkata (10) en jurisdicción de El Alto, durante los enfrentamientos entre civiles que protestaban contra el gobierno y las fuerzas de seguridad.
Acusada de "genocidio"
La Fiscalía acusó de "genocidio" a Áñez, a tres de sus exministros y varios exjefes militares y de la Policía, contra quienes pidió la máxima condena de 30 años de prisión, tras valorar que las fuerzas de seguridad utilizaron "municiones de guerra" contra "civiles desarmados".
Áñez siempre reclamó un juicio especial como expresidenta y prescindió a sus abogados de defenderla en estos procesos, por lo que se le asignó juristas de defensa pública.
El año pasado Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por el caso llamado "golpe de Estado II", en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y de otras autoridades en 2019.
La exmandataria, detenida desde marzo de 2021, afronta al menos siete procesos en la justicia ordinaria, según sus abogados.
gs (afp, efe)